Los soldados apuntaron con sus
pistolas a Odoge Otiri y condujeron al estudiante de 22 años a un bosque en las
afueras de su aldea, en el oeste de Etiopía. "Entonces -cuenta-, empezaron
a golpearme con sus porras hasta dejarme ensangrentado e inmóvil. La razón por
la que me dejaron es que pensaron que iba a morir”.
Esa noche, los soldados detuvieron
a su esposa, Aduma Omot. “Me llevaron a su campamento”, recuerda ella. “Luego
me maltrataron y me violaron”. La tuvieron retenida durante dos días antes de
soltarla.
Otiri explica que los soldados los
atacaron porque él se opuso a los intentos de las autoridades etíopes de
obligarlos, a él y a sus vecinos, a marcharse de sus casas, como parte del
denominado plan de “reasentamiento en nuevas aldeas”, un gigantesco proyecto de
ingeniería social que pretende trasladar a casi dos millones de personas a
lugares recién construidos seleccionados por el Gobierno. Otiri y Omot se
encuentran entre los miles de anuaks, un grupo indígena mayoritariamente
cristiano del estado etíope rural de Gambella, que han huido de la campaña de
reubicación masiva en su país. .
El Banco Mundial niega
rotundamente que su dinero haya servido para financiar los desalojos en masa en
el oeste de Etiopía. A pesar de que los refugiados anuaks y varios
grupos de derechos humanos han lanzado públicamente la acusación de que el
dinero de esta institución se ha utilizado para financiar unos desalojos
brutales, el banco ha seguido destinando cientos de millones de dólares al
mismo programa sanitario y educativo.
“Confiamos plenamente en que el
dinero se ha empleado para el fin deseado”, declaraba al ICIJ en marzo Greg
Toulmin, el coordinador del programa nacional para Etiopía del Banco Mundial.
“Seguimos estando seguros de que no ha habido ninguna relación entre nuestro
dinero y esos abusos” pero nuevas pruebas obtenidas por el ICIJ contradicen las
continuas negativas del banco sobre el hecho de que su dinero financiase los
desalojos. Uno
de los dos exfuncionarios entrevistados estaba en buena posición para saber
exactamente cómo se usaron los fondos del Banco Mundial: Omot Obang Olom, el
exgobernador de Gambella, supervisó el programa de reasentamiento de su estado.
Olom explicó que él,
personalmente, supervisó el desvío de unos 10 millones de dólares del proyecto
sanitario y educativo del Banco Mundial, dinero que redirigió hacia la
financiación de las reubicaciones en masa del programa de reasentamiento en
nuevas aldeas. Afirma que recibió instrucciones de funcionarios de alto rango
para que desviase los fondos, “Si el Gobierno federal no nos hubiese ordenado
que reasignásemos el presupuesto del Banco Mundial al programa, no habría
podido llevarse a cabo”, afirma Olom.
.“Los agricultores acudían a mí y
me decían: 'Omot, no somos libres, porque los miembros de las fuerzas de
seguridad vienen y nos intimidan", relata. “Hay casos de malos tratos a
agricultores, incluso de violaciones de mujeres”. Asegura que “las fuerzas de
defensa nacional golpearon y torturaron” a los agricultores que expresaron su
disconformidad con los desalojos”.
Los expertos en derechos humanos
sostienen que el Banco está fallando en su misión de ayudar a los más pobres
del mundo al no acatar las normas internacionales de defensa de los derechos
humanos.
El Banco Mundial sostiene que las
autoridades etíopes no consultaron a la institución cuando elaboraron el
programa de reasentamiento y la entidad no tuvo conocimiento del plan hasta
octubre de 2010. En enero de 2011, el Banco Mundial y otros donantes
extranjeros escribieron al Gobierno de Etiopía para advertirle de que la
reubicación forzosa "podía afectar negativamente al bienestar y el modo de
vida de aquellos a los que se debía beneficiar".
Othow Nyigwo, que por entonces era
administrador del sector educativo del estado de Gambella, afirma que, en
febrero de 2011, sus superiores los convocaron a él y a otros funcionarios
sanitarios y educativos a una reunión con Olom, gobernador de Gambella en aquel
momento.
Olom, el exgobernador, confirma el
relato de Nyigwo sobre la reunión de febrero de 2011. Explica que los
funcionarios federales le ordenaron que desviase los fondos, después de que
quedase claro que el Gobierno no tenía dinero suficiente para financiar por
completo el programa de reubicación.
Hacia el segundo año del plan de
reasentamiento en nuevas aldeas, relata Olom, las autoridades federales le
dijeron que tenía que recurrir a otras fuentes de financiación, entre ellas el
dinero procedente del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial. Declara
que desvió 90 millones de birres etíopes —unos 5 millones de dólares en esa
época— durante cada uno de los dos años siguientes
Olom es una figura controvertida.
Él mismo es anuak, y muchos anuaks lo critican duramente por la
función que desempeñó en las reubicaciones masivas. También lo han acusado de
corrupción y de ser cómplice de una masacre de otros anuaks en 2003,
cuando era jefe de seguridad de Gambella, antes de convertirse en gobernador. Olom niega esas acusaciones. El asegura que cayó en
desgracia ante las autoridades federales, porque cuestionó el modo en que el
Gobierno trataba a los anuaks.
Los anuaks, que por ley no
tienen derecho a las tierras de sus ancestros, no recibieron nada a cambio,
según los refugiados pertenecientes a esta etnia. En Etiopía, el Gobierno es el
propietario oficial de todos los terrenos, pero se supone que los ocupantes
conservan algunos derechos tradicionales.
El 42% de las tierras de Gambella
se alquilaba o vendía a los inversores, según un informe de 2011 del Instituto
Oakland, un grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos que critica la transferencia
generalizada de terrenos a las corporaciones en los países en vías de
desarrollo.
Uno de los mayores arrendatarios
de las tierras de Gambella es Saudi Star, un conglomerado que pertenece al
hombre más rico de Etiopía, el jeque Mohammed Al-Amoudi, que es ciudadano
etíope-saudí.
Las tierras que antes ocupaban los
anuaks las usa ahora Saudi Star para sus cultivos comerciales, según dos
ancianos de este grupo étnico entrevistados por el ICIJ y según los informes
del Instituto Oakland y Human Rights Watch. El Gobierno vació las pequeñas
aldeas situadas dentro de la que luego pasó a ser la zona arrendada por Saudi
Star y reubicó a los aldeanos, amparándose en el programa de reasentamiento en
nuevas aldeas, según el informe del Instituto Oakland.
A finales de 2011, Human Rights
Watch pidió explicaciones al Banco Mundial y al Gobierno de Etiopía por los
informes sobre los abusos derivados del programa de reasentamiento de Gambella.
Estos relatos, que poco después se detallarían en un informe titulado Esperando aquí a la muerte,
describían una campaña de desalojos impuestos
mediante detenciones arbitrarias, palizas, violaciones y asesinatos.
En el informe consta que el grupo ha
“documentado al menos seis relatos creíbles de personas que han muerto como
consecuencia de las palizas propinadas por los militares, y tiene noticia de
muchos más casos que no ha podido corroborar”. Un aldeano al que se cita en el
informe relata que los soldados emplearon pistolas y porras para golpear a un
joven de 19 años de forma tan brutal que empezó a vomitar sangre y murió poco
después.
Human Rights Watch sostiene la
acusación de que el Banco Mundial y otras entidades crediticias de ayuda al
desarrollo que han financiado el plan de Protección de los Servicios Básicos
han “participado en un programa que está contribuyendo más a deteriorar los derechos
y el modo de vida de la población que a mejorarlos”.
Con la colaboración de una
organización estadounidense sin ánimo de lucro llamada Inclusive Development
International, un grupo de refugiados anuaks presentó una demanda de 21
páginas en septiembre de 2012, argumentando que el apoyo del banco al programa
de Protección de los Servicios Básicos violaba las normas que tiene la entidad
contra los desalojos ilícitos y la desposesión de los grupos indígenas. Se
decía que los servicios financiados por el banco eran “precisamente” los que
debía proporcionar la campaña de reasentamiento, lo que significaba que los
fondos del banco habían “contribuido de manera considerable” a las expulsiones.
En una serie de reuniones con
funcionarios del Banco Mundial, los refugiados anuaks describieron los
abusos generalizados cometidos por el Gobierno. Toulmin, el director del
programa del banco para Etiopía, sostiene que los relatos de los refugiados no
bastaban para poner en entredicho los hallazgos de las misiones enviadas a la
zona por el banco y otros donantes internacionales, las cuales no habían
encontrado ninguna prueba de desalojos forzosos generalizados ni de violaciones
de los derechos humanos.
En febrero de 2014, un equipo del
Comité de Inspección viajó a Etiopía para llevar a cabo una investigación sobre
el terreno en Gambella, donde siguen viviendo decenas de miles de anuaks.
Pero cuando los investigadores
empezaron a recorrer las nuevas aldeas se encontraron con que las autoridades
etíopes habían llegado antes que ellos y los habían intimidado para que nos
contasen cosas positivas”.
Por eso, mientras la mayor parte
del equipo celebraba reuniones públicas, Kurimoto decidió reunirse en privado
con los aldeanos en sus casas. En estas sesiones privadas describieron
tiroteos, detenciones arbitrarias y violencia sexual, según las transcripciones
de las conversaciones de Kurimoto con los aldeanos Cuando el comité publicó su
informe en febrero de 2015, las voces de aquellos que describieron las amenazas
y la violencia estaban ausentes en gran medida.
El informe señala que el comité
"encontró" algo de información sobre los abusos cometidos durante los
desalojos, pero no los describe con detalle, lo que ha inducido a Inclusive Development
International, la ONG que ayudó a
los aldeanos anuaks a presentar la demanda, a afirmar que el comité ha
“encubierto las pruebas condenatorias relacionadas con la violación
generalizada de los derechos humanos”.
El informe del comité critica al
banco por hacer caso omiso de las pruebas que apuntan a un “vínculo operativo”
entre el proyecto financiado por el banco y la campaña de desalojos de Etiopía,
y por no haber hecho nada para proteger a las comunidades afectadas.
Pero el comité no llega a culpar
al banco de los desalojos en masa. Kurimoto, el experto del comité, opina que
esta conclusión no tiene sentido. “Personalmente, creo que el Banco Mundial es
responsable”, declaraba al ICIJ. El banco “hizo caso omiso de lo que estaba
pasando sobre el terreno”.
En Sudán del Sur, un país arrasado
por la guerra, el campo de refugiados de Gorom es un bastión de fe para más de
2.000 anuaks que han huido de Etiopía. Se esfuerzan por reconstruir sus
vidas en medio de la escasez y ante un futuro incierto.
Otiri y Omot escaparon de la violencia de Gambella durante el verano de
2011 cruzando a pie la frontera de Etiopía para llegar a un campo de refugiados
de Sudán del Sur. Viven en un refugio de dos habitaciones junto a un
huertecillo de quingombó y mandioca que cultiva Otiri. Han pasado más de dos
años en Gorom, manteniéndose con la ayuda de Naciones Unidas. Otiri dice que
allí no hay nada que hacer. “La vida en el campo de refugiados es muy difícil”,
afirma. “No hay suficiente comida”.
Pero no se han
rendido. Sin muchas esperanzas de poder regresar a Etiopía, hacen todo lo que
pueden por empezar una nueva vida en una nueva tierra. Desde que llegaron, la
familia ha crecido, con el nacimiento de su primer bebé, una niña. La criatura
se mueve inquieta en los brazos de Omot y, de vez en cuando, busca el pecho
para mamar.
Se llama Annacerjwok. En anuak
significa "en manos de Dios".
