Miles de anuaks se han visto obligados a dejar su tierra tras una violenta campaña de reubicación masiva promovida por el gobierno y financiada por el Banco Mundial

Los soldados apuntaron con sus pistolas a Odoge Otiri y condujeron al estudiante de 22 años a un bosque en las afueras de su aldea, en el oeste de Etiopía. "Entonces -cuenta-, empezaron a golpearme con sus porras hasta dejarme ensangrentado e inmóvil. La razón por la que me dejaron es que pensaron que iba a morir”.

Esa noche, los soldados detuvieron a su esposa, Aduma Omot. “Me llevaron a su campamento”, recuerda ella. “Luego me maltrataron y me violaron”. La tuvieron retenida durante dos días antes de soltarla.
Otiri explica que los soldados los atacaron porque él se opuso a los intentos de las autoridades etíopes de obligarlos, a él y a sus vecinos, a marcharse de sus casas, como parte del denominado plan de “reasentamiento en nuevas aldeas”, un gigantesco proyecto de ingeniería social que pretende trasladar a casi dos millones de personas a lugares recién construidos seleccionados por el Gobierno. Otiri y Omot se encuentran entre los miles de anuaks, un grupo indígena mayoritariamente cristiano del estado etíope rural de Gambella, que han huido de la campaña de reubicación masiva en su país. .

El Banco Mundial niega rotundamente que su dinero haya servido para financiar los desalojos en masa en el oeste de Etiopía. A pesar de que los refugiados anuaks y varios grupos de derechos humanos han lanzado públicamente la acusación de que el dinero de esta institución se ha utilizado para financiar unos desalojos brutales, el banco ha seguido destinando cientos de millones de dólares al mismo programa sanitario y educativo.

“Confiamos plenamente en que el dinero se ha empleado para el fin deseado”, declaraba al ICIJ en marzo Greg Toulmin, el coordinador del programa nacional para Etiopía del Banco Mundial. “Seguimos estando seguros de que no ha habido ninguna relación entre nuestro dinero y esos abusos” pero nuevas pruebas obtenidas por el ICIJ contradicen las continuas negativas del banco sobre el hecho de que su dinero financiase los desalojos.                                          Uno de los dos exfuncionarios entrevistados estaba en buena posición para saber exactamente cómo se usaron los fondos del Banco Mundial: Omot Obang Olom, el exgobernador de Gambella, supervisó el programa de reasentamiento de su estado.

Olom explicó que él, personalmente, supervisó el desvío de unos 10 millones de dólares del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial, dinero que redirigió hacia la financiación de las reubicaciones en masa del programa de reasentamiento en nuevas aldeas. Afirma que recibió instrucciones de funcionarios de alto rango para que desviase los fondos, “Si el Gobierno federal no nos hubiese ordenado que reasignásemos el presupuesto del Banco Mundial al programa, no habría podido llevarse a cabo”, afirma Olom.

.“Los agricultores acudían a mí y me decían: 'Omot, no somos libres, porque los miembros de las fuerzas de seguridad vienen y nos intimidan", relata. “Hay casos de malos tratos a agricultores, incluso de violaciones de mujeres”. Asegura que “las fuerzas de defensa nacional golpearon y torturaron” a los agricultores que expresaron su disconformidad con los desalojos”.

Los expertos en derechos humanos sostienen que el Banco está fallando en su misión de ayudar a los más pobres del mundo al no acatar las normas internacionales de defensa de los derechos humanos.

El Banco Mundial sostiene que las autoridades etíopes no consultaron a la institución cuando elaboraron el programa de reasentamiento y la entidad no tuvo conocimiento del plan hasta octubre de 2010. En enero de 2011, el Banco Mundial y otros donantes extranjeros escribieron al Gobierno de Etiopía para advertirle de que la reubicación forzosa "podía afectar negativamente al bienestar y el modo de vida de aquellos a los que se debía beneficiar".

Othow Nyigwo, que por entonces era administrador del sector educativo del estado de Gambella, afirma que, en febrero de 2011, sus superiores los convocaron a él y a otros funcionarios sanitarios y educativos a una reunión con Olom, gobernador de Gambella en aquel momento.

Olom, el exgobernador, confirma el relato de Nyigwo sobre la reunión de febrero de 2011. Explica que los funcionarios federales le ordenaron que desviase los fondos, después de que quedase claro que el Gobierno no tenía dinero suficiente para financiar por completo el programa de reubicación.

Hacia el segundo año del plan de reasentamiento en nuevas aldeas, relata Olom, las autoridades federales le dijeron que tenía que recurrir a otras fuentes de financiación, entre ellas el dinero procedente del proyecto sanitario y educativo del Banco Mundial. Declara que desvió 90 millones de birres etíopes —unos 5 millones de dólares en esa época— durante cada uno de los dos años siguientes
Olom es una figura controvertida. Él mismo es anuak, y muchos anuaks lo critican duramente por la función que desempeñó en las reubicaciones masivas. También lo han acusado de corrupción y de ser cómplice de una masacre de otros anuaks en 2003, cuando era jefe de seguridad de Gambella, antes de convertirse en gobernador. Olom niega esas acusaciones. El asegura que cayó en desgracia ante las autoridades federales, porque cuestionó el modo en que el Gobierno trataba a los anuaks.

Los anuaks, que por ley no tienen derecho a las tierras de sus ancestros, no recibieron nada a cambio, según los refugiados pertenecientes a esta etnia. En Etiopía, el Gobierno es el propietario oficial de todos los terrenos, pero se supone que los ocupantes conservan algunos derechos tradicionales.

El 42% de las tierras de Gambella se alquilaba o vendía a los inversores, según un informe de 2011 del Instituto Oakland, un grupo estadounidense de defensa de los derechos humanos que critica la transferencia generalizada de terrenos a las corporaciones en los países en vías de desarrollo.

Uno de los mayores arrendatarios de las tierras de Gambella es Saudi Star, un conglomerado que pertenece al hombre más rico de Etiopía, el jeque Mohammed Al-Amoudi, que es ciudadano etíope-saudí.

Las tierras que antes ocupaban los anuaks las usa ahora Saudi Star para sus cultivos comerciales, según dos ancianos de este grupo étnico entrevistados por el ICIJ y según los informes del Instituto Oakland y Human Rights Watch. El Gobierno vació las pequeñas aldeas situadas dentro de la que luego pasó a ser la zona arrendada por Saudi Star y reubicó a los aldeanos, amparándose en el programa de reasentamiento en nuevas aldeas, según el informe del Instituto Oakland.

A finales de 2011, Human Rights Watch pidió explicaciones al Banco Mundial y al Gobierno de Etiopía por los informes sobre los abusos derivados del programa de reasentamiento de Gambella. Estos relatos, que poco después se detallarían en un informe titulado Esperando aquí a la muerte, describían una campaña de desalojos impuestos mediante detenciones arbitrarias, palizas, violaciones y asesinatos.

En el informe consta que el grupo ha “documentado al menos seis relatos creíbles de personas que han muerto como consecuencia de las palizas propinadas por los militares, y tiene noticia de muchos más casos que no ha podido corroborar”. Un aldeano al que se cita en el informe relata que los soldados emplearon pistolas y porras para golpear a un joven de 19 años de forma tan brutal que empezó a vomitar sangre y murió poco después.

Human Rights Watch sostiene la acusación de que el Banco Mundial y otras entidades crediticias de ayuda al desarrollo que han financiado el plan de Protección de los Servicios Básicos han “participado en un programa que está contribuyendo más a deteriorar los derechos y el modo de vida de la población que a mejorarlos”.

Con la colaboración de una organización estadounidense sin ánimo de lucro llamada Inclusive Development International, un grupo de refugiados anuaks presentó una demanda de 21 páginas en septiembre de 2012, argumentando que el apoyo del banco al programa de Protección de los Servicios Básicos violaba las normas que tiene la entidad contra los desalojos ilícitos y la desposesión de los grupos indígenas. Se decía que los servicios financiados por el banco eran “precisamente” los que debía proporcionar la campaña de reasentamiento, lo que significaba que los fondos del banco habían “contribuido de manera considerable” a las expulsiones.

En una serie de reuniones con funcionarios del Banco Mundial, los refugiados anuaks describieron los abusos generalizados cometidos por el Gobierno. Toulmin, el director del programa del banco para Etiopía, sostiene que los relatos de los refugiados no bastaban para poner en entredicho los hallazgos de las misiones enviadas a la zona por el banco y otros donantes internacionales, las cuales no habían encontrado ninguna prueba de desalojos forzosos generalizados ni de violaciones de los derechos humanos.

En febrero de 2014, un equipo del Comité de Inspección viajó a Etiopía para llevar a cabo una investigación sobre el terreno en Gambella, donde siguen viviendo decenas de miles de anuaks.

Pero cuando los investigadores empezaron a recorrer las nuevas aldeas se encontraron con que las autoridades etíopes habían llegado antes que ellos y los habían intimidado para que nos contasen cosas positivas”.

Por eso, mientras la mayor parte del equipo celebraba reuniones públicas, Kurimoto decidió reunirse en privado con los aldeanos en sus casas. En estas sesiones privadas describieron tiroteos, detenciones arbitrarias y violencia sexual, según las transcripciones de las conversaciones de Kurimoto con los aldeanos Cuando el comité publicó su informe en febrero de 2015, las voces de aquellos que describieron las amenazas y la violencia estaban ausentes en gran medida.

El informe señala que el comité "encontró" algo de información sobre los abusos cometidos durante los desalojos, pero no los describe con detalle, lo que ha inducido a Inclusive Development International, la ONG que ayudó a los aldeanos anuaks a presentar la demanda, a afirmar que el comité ha “encubierto las pruebas condenatorias relacionadas con la violación generalizada de los derechos humanos”.

El informe del comité critica al banco por hacer caso omiso de las pruebas que apuntan a un “vínculo operativo” entre el proyecto financiado por el banco y la campaña de desalojos de Etiopía, y por no haber hecho nada para proteger a las comunidades afectadas.
Pero el comité no llega a culpar al banco de los desalojos en masa. Kurimoto, el experto del comité, opina que esta conclusión no tiene sentido. “Personalmente, creo que el Banco Mundial es responsable”, declaraba al ICIJ. El banco “hizo caso omiso de lo que estaba pasando sobre el terreno”.
En Sudán del Sur, un país arrasado por la guerra, el campo de refugiados de Gorom es un bastión de fe para más de 2.000 anuaks que han huido de Etiopía. Se esfuerzan por reconstruir sus vidas en medio de la escasez y ante un futuro incierto.                                                                           Otiri y Omot escaparon de la violencia de Gambella durante el verano de 2011 cruzando a pie la frontera de Etiopía para llegar a un campo de refugiados de Sudán del Sur. Viven en un refugio de dos habitaciones junto a un huertecillo de quingombó y mandioca que cultiva Otiri. Han pasado más de dos años en Gorom, manteniéndose con la ayuda de Naciones Unidas. Otiri dice que allí no hay nada que hacer. “La vida en el campo de refugiados es muy difícil”, afirma. “No hay suficiente comida”.                                                                                                         Pero no se han rendido. Sin muchas esperanzas de poder regresar a Etiopía, hacen todo lo que pueden por empezar una nueva vida en una nueva tierra. Desde que llegaron, la familia ha crecido, con el nacimiento de su primer bebé, una niña. La criatura se mueve inquieta en los brazos de Omot y, de vez en cuando, busca el pecho para mamar.                                                                

     Se llama Annacerjwok. En anuak significa "en manos de Dios".